A principios de febrero, el gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump cambió la página web de la Casa Blanca. Las actualizaciones de la página suelen ser mínimas y normalmente insignificantes: cambiar una foto, reparar un enlace roto. Es normal que puedan pasar desapercibidas. Pero esta fue distinta, y podría afectar a la vida de cada ciudadano estadounidense. La actualización eliminó el portal de datos abiertos de la Casa Blanca.

A priori, esos nueve gigabytes de datos pueden parecer intrascendentes: registros de las visitas a la Casa Blanca, los títulos profesionales y sueldos de todos los trabajadores de la Casa Blanca y datos de los presupuestos gubernamentales. Sin embargo, toda esa información ayuda a garantizar la transparencia del Gobierno. Son datos que, por ejemplo, ayudan a periodistas y ciudadanos a conocer quién busca influir en las decisiones del presidente y su gabinete. En respuesta a esta misma cuestión,  propusieron en marzo la Make Access Records Available to Lead American Government Openness Act o Ley MAR-A-LAGO (en español, Ley para permitir el acceso a los registros y liderar el gobierno abierto estadounidense). Esta iniciativa obligaría a la administración Trump a publicar el registro de las visitas a la Casa Blanca y cualquier otra ubicación en la que el presidente ejerza habitualmente sus funciones oficiales.

La administración Obama mejoró enormemente la transparencia de los datos gubernamentales al estipular mediante una orden ejecutiva que convirtió los datos abiertos y legibles por máquina en el formato estándar por defecto para la información gubernamental. Todo con el objetivo de garantizar la transparencia del gobierno. Por eso, aunque las medidas de la administración Trump suponen un regreso a la opacidad de administraciones anteriores, también es un paso en la dirección equivocada. Quizá lo más importante de todo esto sea lo que podría llegar a significar para la estrategia de datos abiertos del Gobierno de EEUU al completo. Al fin y al cabo, la administración controla la información de la que dependen a diario tantos negocios, organizaciones y personas físicas.

Consultar la previsión del tiempo en EEUU depende de información basada en datos abiertos del Gobierno. ¿Usar un GPS para llegar a una reunión? Esa información proviene de datos abiertos del gobierno. ¿Recibir una alerta de la retirada de una cuna de bebé que se haya comprado? Eso, también, son datos abiertos del gobierno. 

Empresas y gobiernos contra los datos abiertos

Desafortunadamente, la administración Trump no es la única que elimina y altera datos importantes. Las empresas también lo hacen. Volkswagen falseó las pruebas de emisiones de sus vehículos, Uber presentó datos falsos sobre sus conductores disponibles a los investigadores federales, y a Airbnb se le pilló purgando más de 1.000 perfiles que violaban las leyes del estado de Nueva York (EEUU) justo antes de compartir sus datos con el público como parte de su promesa de "construir una comunidad más abierta y transparente".

Los datos se encuentran bajo ataque. Y son los líderes del Gobierno y de la economía de EEUU los que están librando esta guerra. Han convertido en aceptable manipular los datos brutos de forma que ​les beneficie financiera y políticamente; han reducido la confianza pública en la veracidad de la información. Estas son instituciones de las que dependemos cada día para tomar decisiones políticas y empresariales que afectan la economía y la sociedad en general. Si a alguien se le permite simplemente cambiar una cifra o eliminar un conjunto de datos, ¿a quién –y qué– han de creer los ciudadanos? ¿Cómo podemos recuperar nuestros datos?

La respuesta se encuentra en lo público, en las cadenas de bloques públicas para ser más específicos.​

Blockchain público para garantizar la transparencia

Una cadena de bloques o blockchain pública, como la que emplea Bitcoin, es un libro mayor que mantiene registros fechados de cada una de las transacciones realizadas dentro de la cadena. Grabar una transacción en una cadena de bloques pública es el equivalente digital a grabar algo en piedra: es permanente. Más importante incluso, es que esa información permanece abierta y disponible al público de modo que cualquiera la puede consultar y verificar.

La primera cadena de bloques pública fue concebida como una forma de registrar transacciones financieras, pero la gente ha empezado a utilizarlas como una manera de registrar la fecha y hora de la existencia de archivos digitales, como documentos e imágenes. Una cadena de bloques pública establece que una persona o entidad determinada se encontraba en posesión de un archivo a una fecha y hora específicas. Esta función resulta útil para demostrar la autoría de las patentes y las reclamaciones sobre derechos de autor. Las cadenas de bloques también podrían garantizar que una agencia gubernamental o empresa publique sus datos de manera verificable; permitir al público acceder y confirmar que el archivo que tiene es el mismo que fue firmado y validado por su creador.

El registro de la fecha y la hora y la firma por sí solas no demuestran que los datos sean precisos, por supuesto. Pueden añadirse otras formas de controles y contrapesos, como comparar los datos con datos tributarios y expedientes de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, para garantizar que existan consecuencias legales para las empresas que manipulen sus datos. Asimismo, los datos del gobierno, por ejemplo sobre el empleo y el clima, podrían verificarse con información local y estatal además de otros datos recopilados por académicos y los cuales, además de contar con una fecha y hora registrada, ya han sido validados por instituciones fidedignas.

Utilizar un blockchain público de esta manera no solo abordaría nuestros problemas relacionados con el acceso a los datos y la manipulación de los mismos, sino que también sentaría las bases para obtener un sistema mejor que regule de forma más eficaz y eficiente las actividades de las empresas emergentes de mayor desarrollo. Algunas empresas tecnológicas, con sus bucles de acción-reacción casi instantáneo, se creen capaces de regular sus ecosistemas con mayor eficacia y eficiencia que los gobiernos y sus anticuados mecanismos de inspección presencial. Y tienen algo de cierto. Ahora mismo, muchos gobiernos estatales y locales regulan los viajes y alojamientos compartidos de foma parecida a cómo hacen con los taxis y hoteles: una mezcla de policías, carteles y quejas de consumidores a través de algún número telefónico de servicios municipales no urgentes. En paralelo, los gobiernos han comprobado cómo estas start-ups manipulan sus datos y se muestran por tanto reacios a confiar en una empresa que podría anteponer sus motivaciones económicas frente a la legislación.

Garantizar los datos abiertos para mejorar la economía

Si cada parte involucrada desconfía de las razones y las acciones de las demás, resulta difícil llegar a un acuerdo. Pero si los gobiernos y las nuevas empresas de tecnología utilizaran una cadena de bloques pública, ambas partes podrían conseguir lo que quisieran. Las empresas podrían crecer deprisa al mismo tiempo que se protegen la seguridad y los derechos de los consumidores.

Como dice el reputado inversor de capital riesgo y autor Tim O'Reilly: "Las regulaciones, las cuales especifican en detalle cómo aplicar las leyes, deberían considerarse de forma muy similar a cómo ven los programadores el código y los algortimos: un conjunto de herramientas actualizado constantemente para lograr los resultados previstos por las leyes".

Posiblemente, las empresas podrían actualizar su información en una cadena de bloques con mecanismos seguros a fin de proteger la privacidad tanto de individuos como empresas. Asimismo, el gobierno utilizaría esos datos, enviados en tiempo real, para aplicar leyes locales a esas mismas empresas, sus trabajadores, subcontratas y consumidores. Entonces, la agencia gubernamental responsable de supervisar la industria analizaría los datos, como las calificaciones de los consumidores y otra información relevante (como, por ejemplo, si los conductores de viajes compartidos obligan a los turistas a recorrer un trayecto más largo), para mejorar la seguridad y proteger mejor los derechos de todos los involucrados. En otras palabras, el gobierno utilizaría una ligera regulación algorítmica para proteger la seguridad y los derechos de los ciudadanos.

La cadena de bloques pública cambiaría fundamentalmente la manera en la que gobernamos y hacemos negocios. En lugar de pedir a las empresas y a los consumidores que reduzcan su interacción digital para cumplir las leyes, el gobierno generaría un sistema adaptable que reduciría la cantidad de papeleo y fomentaría la rendición de cuentas entre empresas y consumidores. En lugar de empujar las tecnologías emergentes y nuevos modelos de negocio a una zona legal gris, el gobierno emplearía una regulación algorítmica para crear un terreno de juego equilibrado entre las nuevas y viejas empresas en sus respectivas industrias.

A menos que encaremos nuestra crisis de datos ahora, la desconfianza entre el gobierno, los negocios y los ciudadanos alcanzará unos máximos insostenibles. El crecimiento y la innovación de nuestra economía de start-ups se verán limitados, y la capacidad de los gobiernos locales y estatales de gobernar con eficacia simplemente mermará. Necesitamos datos abiertos para seguir tomando decisiones políticas y empresariales importantes; para devolverlas a las manos del público y la sociedad. Nuestro problema de datos no tiene por qué ser una crisis. Podría ser una oportunidad, una oportunidad para que nuestros líderes y políticos reconstruyan la base de confianza en los datos críticos de la que dependemos todos.