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La Unión Europea ha anunciado que se está preparando para tomar represalias si la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide imponer aranceles a los automóviles fabricados en la UE. Este comunicado deja claro que la relación comercial entre ambas potencias se verá comprometida durante algún tiempo si los aranceles entran en vigencia. Además de cualquier daño que el conflicto pueda causar a los empleos, a la industria y a los consumidores estadounidenses, este conflicto pondrá en peligro la colaboración esencial entre los dos bloques para enfrentar al capitalismo del estado chino; la causa subyacente de gran parte del conflicto comercial actual. Esta semana, el presidente de la UE, Jean-Claude Juncker, ha visitado Washington (EE. UU.) para encontrar formas de dar un paso atrás ante este precipicio.

La herramienta principal de la política industrial de China son los subsidios a las empresas públicas (SOE, por sus siglas en inglés) para industrias clave como la robótica, los ordenadores avanzados y los vehículos eléctricos. Las empresas públicas reciben acceso preferencial a terrenos, a las finanzas, las telecomunicaciones, los hidrocarburos y la electricidad. Disfrutan de impuestos más bajos y de una aplicación antimonopolio selectiva para protegerlos de la competencia privada. Las barreras comerciales también bloquean la competencia: por ejemplo, los fabricantes de automóviles eléctricos chinos deben usar baterías fabricadas en China y no pueden comprarlas a proveedores japoneses o coreanos.

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), el tratado de libre comercio que abandonó EE. UU. en enero de 2017, contenía fuertes restricciones a los subsidios de SOE que, irónicamente, fueron redactados en gran medida por los negociadores de EE. UU. A pesar de los recientes conflictos comerciales, la Unión Europea, Japón y EE. UU. han estado trabajando silenciosamente para desarrollar otro acuerdo que contenga reglas para restringir los subsidios chinos. Este nuevo acuerdo incluye medidas que privarían a un miembro de tener voz dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) al restringirle el acceso a documentos de la Organización y su derecho a asistir a reuniones y votar. La presunción de que los subsidios no divulgados están perjudicando a las compañías extranjeras facilita las represalias y simplifica los procedimientos cuando los subsidios respaldan el exceso de capacidad. Como la recompensa por dicha acción conjunta sería grande, forjar este acuerdo debe ser una prioridad para EE. UU. No obstante, la amenaza de los aranceles sobre los automóviles y la promesa de represalias harán que sea mucho más difícil que estos esfuerzos tengan éxito.

El crecimiento de las empresas públicas. Cuando China fue admitida en la Organización Mundial del Comercio en 2001, la esperanza occidental era que China se moviera hacia una economía impulsada por el mercado. En cambio, particularmente después de la crisis financiera de 2008, China ha ampliado la planificación central. 100.000 empresas públicas han sido el principal motor de esa expansión. Las empresas de propiedad estatal producen el 33% del PIB de China y representan el 20% de sus puestos de trabajo. El Gobierno central controla un tercio de las empresas públicas.

El subsidio más desafiante es de 330.000 millones de dólares (unos 281.000 millones de euros) para una iniciativa conocida como "MADE IN CHINA 2025" (Hecho en China 2025). Este programa se enfoca en las industrias clave del futuro y fija la participación de mercado nacional que se logrará -por ejemplo: vehículos eléctricos (70%), baterías y motores de vehículos eléctricos (80%), ordenadores de alto rendimiento (60%), semiconductores (35%), robótica industrial (50%) y dispositivos móviles (70%). Tales cuotas de mercado crearán una plataforma para los monstruos globales. Además, MADE IN CHINA 2025 es solo la primera de tres fases. El objetivo para 2035 es "estar a la vanguardia de los poderes de fabricación de segundo nivel" y el objetivo para 2045 es "formar parte del primer nivel de los sistemas tecnológicos e industriales líderes en el mundo".

Estos subsidios se basan en años de apoyo estatal chino a industrias fundacionales como bancos, petróleo, servicios públicos, telecomunicaciones y construcción. En los últimos años, las importaciones de bienes fabricados en China por compañías que se beneficiaron de 7.300 millones de dólares (cerca de 6.228 millones de euros) en subsidios incluyeron paneles solares, productos químicos, tuberías, cable de acero, ruedas, torres eólicas y electrodomésticos. Y eran solo el principio.

Peligros para el orden comercial mundial. Además de la amenaza a los intereses económicos occidentales que plantea esta política industrial, también es un desafío para el sistema económico mundial basado en la competencia de mercado. Erosiona la confianza en las "reglas del camino" de la Organización Mundial del Comercio, que incluyen principios como la promoción de la competencia leal mediante el trato a las empresas extranjeras que operan en un país como las empresas nacionales, de las cuales todos los países comerciales son enormes beneficiarios. La resolución neutral de las disputas bajo esas reglas de la OMC es más difícil.

Además, la política de China es una amenaza para las oportunidades comerciales en países donde las empresas estadounidenses y chinas compiten por negocios. Los subsidios también ejercerán presión sobre las cadenas de suministro mundiales, incluida la producción de bienes de alta tecnología necesarios para la seguridad nacional.

La necesidad de restricciones y transparencia. Cinco años de negociaciones estadounidenses del TPP con Japón, Australia, México, Canadá, Chile, Perú, Malasia, Vietnam y otros (que en conjunto representan el 40% del PIB mundial) produjeron un acuerdo sobre un área regional de libre comercio que contiene las restricciones más estrictas para las empresas públicas en cualquier acuerdo comercial. Estas nuevas reglas requerían la divulgación de todas las empresas públicas en un sitio web público, incluyendo el porcentaje de participación accionarial del Gobierno, los títulos de los funcionarios gubernamentales que forman parte de las juntas directivas o los funcionarios corporativos, ingresos anuales y detalles de cualquier política o programa que proporcione subsidios. Las reglas también establecen el derecho a recibir respuestas a preguntas específicas sobre las empresas públicas.

Sin esa transparencia, es extremadamente difícil obtener la prueba necesaria para demostrar que los subsidios han perjudicado a las empresas externas. Y los subsidios de China son todo menos transparentes: están protegidos por presupuestos y directivas gubernamentales inéditos y existe una ley que permite que la información comercial sea tratada como secreto de estado.

EE. UU. se retiró del TPP en enero de 2017. Los otros 11 países completaron el acuerdo, que ahora se denomina Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Cada miembro del CPTPP recibirá importantes ventajas de acceso a los mercados sobre las empresas estadounidenses, así como el beneficio de las restricciones a las empresas públicas en Vietnam, Malasia y México, donde también juegan un gran papel económico.

Si la salida inicial de la administración Trump del TPP tenía la intención de reducir el déficit comercial de EE.UU. con Asia, entonces, socavar el acceso al mercado y la capacidad de las empresas estadounidenses para competir con las empresas públicas no parece ser de mucha ayuda. El presidente Trump ha señalado que EE. UU. podría intentar volver a unirse al CPTPP, si hubiera un acuerdo "sustancialmente mejor" que el negociado por el expresidente Obama. Sin embargo, el delicado equilibrio de intereses significa que es poco probable que los 11 miembros otorguen a Estados Unidos un trato "mejor" que el negociado anteriormente.

Nuevos esfuerzos para restringir las empresas públicas. La semana pasada, la UE y Japón firmaron un acuerdo de libre comercio que contiene reglas de SOE similares a las del CPTPP. En diciembre de 2017, los ministros de comercio de la Unión Europea, Japón y EE. UU. emitieron una declaración conjunta de acuerdo para trabajar juntos en la OMC para combatir los subsidios que distorsionan el mercado. En enero, el comisario de Comercio de la UE expresó: "Hay algunas preocupaciones graves en China, [que] está subsidiando masivamente a las empresas públicas y en eso podríamos trabajar junto con EE. UU.".

Como resultado de esta preocupación común, EE. UU., la UE y Japón han acordado desarrollar una "acción conjunta" sobre los subsidios de China. Las ideas incluyen sanciones administrativas por no revelar las subvenciones, como la pérdida de acceso a los documentos, reuniones y votos de la OMC; una presunción de que los subsidios no divulgados perjudican a las compañías extranjeras, facilitando las represalias; y remedios específicos contra las subvenciones para la creación o el mantenimiento de capacidades incompatibles con consideraciones comerciales. Las reuniones adicionales están programadas para agosto y septiembre, pero es difícil imaginar un resultado positivo si estalla una guerra en el comercio automotriz.

Es probable que los nuevos aranceles sobre el comercio automotriz perjudiquen a la economía estadounidense tanto o más que a sus objetivos. El Instituto Peterson de Economía Internacional estima que si la Unión Europea toma represalias contra las tarifas a la industria del automóvil como se espera, la producción en la industria estadounidense caería un 4% y el 5% de la fuerza de trabajo de EE. UU. en este sector se vería desplazada. Es probable que los aranceles también supongan la muerte de la cooperación aliada sobre los subsidios SOE de China, la causa fundamental de los actuales conflictos comerciales. Ese sería un precio devastador a pagar.